El sindicato achaca las últimas fugas del centro, así como la conflictividad del Materno, «a la política de recortes que aplica el Gobierno regional»
«No pueden decir que les sorprende, porque estaban avisados. Desde el primer contrato de seguridad que adjudicaron a esta empresa, Alcor, hubo problemas y denuncias. Sin embargo, el Principado siguió adelante. Ahora, vienen las lamentaciones». José Manuel Fernández, responsable de Seguridad de UGT, culpó ayer, directamente, «a la política de recortes que aplica el Gobierno regional» de lo que está ocurriendo en los centros de menores. Es decir, de los conflictos casi diarios en el Materno, destinado a jóvenes cuya tutela asume el Principado, y las tres fugas en menos de un mes de Sograndio, el único centro de Asturias para el internamiento de menores con condenas.
El responsable de Seguridad de UGT tiene claro que «el Principado sabía que esto iba a pasar. Si adjudicas el servicio al precio más bajo, a subasta, tienes que saber que de algún lado va a recortar la empresa. Y esta, Alcor, lo está haciendo en personal. Lo grave es que el Principado lo sabe, porque presentamos denuncias desde el primer concurso que ganó, el de Miraflores».
«Nadie ha venido a preguntar qué pasa», dicen los vigilantes
Porque Alcor no lleva únicamente la seguridad privada del centro de Sograndio o el Materno, sino que también «se hace cargo del otro centro para menores tutelados por el Principado, el de Miraflores en Noreña». Ese fue, el 1 de septiembre de 2014, el primer centro que se adjudicó la empresa de seguridad. Veinticinco días después, se hizo con la seguridad del Materno. «Y ahí comenzaron los problemas».
«No es normal lo que ocurre», reconoce Guillermo Martínez
UGT asegura que «vamos a ir al conflicto colectivo», por lo que insta al Gobierno regional «a anular el contrato con esta empresa. Puede hacerlo fácilmente, por incumplimiento del pliego de condiciones».
Nóminas sin abonar
Coincide la denuncia de UGT con las presentadas, también, por la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada (Avispa). Según su coordinador, Jorge Fernández Cuesta, la plantilla «está al límite. Esta empresa está pagando una media de 200 euros menos al mes por trabajador. Aplican un convenio privado, a pesar de que saben que no es legal. Es un claro incumplimiento del pliego de condiciones».
Ante tanta crítica, el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, reconoció ayer que «no es normal lo que ocurre» e insistió en que «está en marcha una investigación para aclarar lo sucedido.
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