Vigilante de Seguridad: Encuesta y breve Introducción.

En esta ocasión, el presente artículo pretende ofrecer información de la realidad que el personal operativo vive en su trabajo diario, así como una breve encuesta que realicé a algunos ciudadanos. …

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Ataca con un cuchillo a un vigilante cuando robaba una botella en Fuerteventura

La Policía Nacional detuvo en Puerto del Rosario a T. A., extranjero de 29 años, con 24 antecedentes policiales por hechos similares, como presunto autor de un delito de robo con violencia. Tras se…

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Colaboración Red Azul

DIRECTOR DE SEGURIDAD INTEGRAL

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  • ¿Que es?
    • El Plan Integral de Colaboración del Cuerpo Nacional de Policía con el Sector de la Seguridad Privada, y a cuya consecución se dirige el “Proyecto RED AZUL”, se asienta en la necesidad de acometer un proceso de cambio en la relación de colaboración CNP/SP, trascendiendo el modelo actual de exigencia legal para llegar a un modelo de colaboración profesional de complementariedad y corresponsabilidad, pasando de la situación actual de aprovechamiento de los recursos de la Seguridad Privada por parte de la Seguridad Pública, a un escenario de puesta en común de recursos que implique el establecimiento de una verdadera “alianza de seguridades” entre la Seguridad Privada y el Cuerpo Nacional de Policía.
  • Nuestro compromiso
    • En su relación de colaboración con el Sector de la Seguridad Privada, el Cuerpo Nacional de Policía asume los siguientes compromisos:
      1. Reciprocidad y bidireccionalidad: Por parte del Cuerpo Nacional de Policía, y en función…

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Hay que cambiar la mentalidad de las personas sobre la figura del Vigilante de Seguridad

DIRECTOR DE SEGURIDAD INTEGRAL

Cada vez abundan más, pero la imagen que tenemos de ellos suelen ser bastante mala. Muy pocos se han atrevido a preguntarse por los problemas que sufren cada día

Foto: Dos agentes de seguridad en el MWC de Barcelona. (Ramón Costa/Demotix/Corbis) 
Dos agentes de seguridad en el MWC de Barcelona

Hasta el nombre con el que solemos conocerlos suena despectivo. “Segurata”, en lugar de guardia o vigilante de seguridad. Se trata, sin ninguna duda, de uno de los sectores profesionales que peor consideración tienen entre la sociedad, entre sus compañeros, entre sus contratantes y entre sus clientes. Para los policías, son unos esbirros de las empresas privadas que les han arrebatado parte de su poder; para la mayor parte de la gente, el brazo blando de la ley, falsas figuras de autoridad cuyo trabajo lo podría hacer cualquiera.

En definitiva, señala una nueva investigación publicada en el ‘European Journal of Criminology‘, pocos sectores encajan mejor que el…

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La práctica de la detención por el Vigilante de Seguridad Privada.

El marco normativo para la actuación en estos casos proviene, de un lado, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, de otro, de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada. Además, no se debe perder de vista el Código Penal en cuanto a un posible delito de detención ilegal.

Por el momento, se continúa a la espera de la elaboración y publicación del Reglamento que desarrolle la actual Ley de Seguridad Privada.

Los parámetros que todo vigilante debe tener en cuenta a la hora practicar una detención serían los siguientes:

En primer lugar, se debe comprobar que nos encontramos en uno de los supuestos habilitantes para detener. Estos supuestos los establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 490, a saber:

Cualquier persona puede detener:

1.º Al que intentare cometer un delito, en el momento de ir a cometerlo.

2.º Al delincuente, «in fraganti».

3.º Al que se fugare del establecimiento penal en que se halle extinguiendo condena.

4.º Al que se fugare de la cárcel en que estuviere esperando su traslación al establecimiento penal o lugar en que deba cumplir la condena que se le hubiese impuesto por sentencia firme.

5.º Al que se fugare al ser conducido al establecimiento o lugar mencionado en el número anterior.

6.º Al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente.

7.º Al procesado o condenado que estuviere en rebeldía.

Como se observa, el artículo habilita a CUALQUIER PERSONA. Un vigilante de seguridad entraría en esta categoría y, por tanto, los siete casos previstos también habilitan al vigilante para detener. Aunque los más frecuentes en la práctica del vigilante son los dos primeros.

Pero, a diferencia del particular y por razón de su profesión, el vigilante está obligado a detener en el ejercicio de sus funciones. Esto es, el particular PUEDE detener en esos casos. Un vigilante, en sus funciones de vigilancia y protección de bienes y personas, tiene la obligación de detener si presencia uno de dichos supuestos. Así, la detención del mero particular es facultativa, pero la del vigilante es preceptiva. Y es que el artículo 32.1.d) de la actual Ley de Seguridad Privada, establece que:

Los vigilantes de seguridad desempeñarán las siguientes funciones:

d) En relación con el objeto de su protección o de su actuación, detener y poner inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes a los delincuentes y los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, así como denunciar a quienes cometan infracciones administrativas. No podrán proceder al interrogatorio de aquéllos, si bien no se considerará como tal la anotación de sus datos personales para su comunicación a las autoridades.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de los supuestos en los que la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite a cualquier persona practicar la detención.

A falta de desarrollo reglamentario, se entiende que el vigilante tiene la obligación de detener en los supuestos mencionados. Siempre que lo haga en relación con su objeto de protección o actuación. Un vigilante detiene en los mismos supuestos que un particular, pero con un plus de obligatoriedad añadida debido a la esencia de sus funciones o necesidades de su servicio.

En este sentido, conviene recordar qué se entiende por detención. La Ley de Enjuiciamiento Criminal no establece una definición de la misma. El Código Penal, por su parte, establece que la detención no se considera una pena privativa de libertad. Por ello, la detención se configura como una medida cautelar de carácter personal que supone una limitación de la libertad ambulatoria del individuo. La Jurisprudencia (SSTC 98/1986, de 10 de julio, FJ 4, y 61/1995, de 29 de marzo, FJ 4, en relación con el arresto domiciliario) establece que:

“Debe considerarse como detención cualquier situación en que la persona se vea impedida u obstaculizada para auto-determinar, por obra de su voluntad, una conducta lícita, de suerte que la detención no es una decisión que se adopte en el curso de un procedimiento, sino una pura situación fáctica, sin que puedan encontrarse zonas intermedias entre detención y libertad”.

Precisamente, la inexistencia de zonas intermedias es lo que explica la imposibilidad de un concepto como el de retención. Una confusión muy habitual en el ejercicio de esta profesión. No hay retenciones, sino detenciones.

Además, resulta interesante tener presente el artículo 491 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:

“El particular que detuviere a otro justificará, si éste lo exigiere, haber obrado en virtud de motivos racionalmente suficientes para creer que el detenido se hallaba comprendido en alguno de los casos del artículo anterior”.

Así, si un vigilante detiene a un sujeto y éste se lo exige  deberá explicarle los motivos de su detención.

También, el vigilante debe detener en base a motivos racionalmente suficientes. Teniendo en cuenta que el vigilante no puede investigar los delitos, las detenciones practicadas deberán estar amparadas en indicios racionales que nos hagan pensar que dicha persona se encuentra en uno de los supuestos de la detención.

Todos aquellos casos en los que observemos, bien de manera directa (físicamente o por videocámara), bien de manera indirecta (cuando nos lo avise un compañero de servicio), la comisión de un acto delictivo, tendremos la obligación de intervenir. Ya que dicha percepción se considera un indicio racionalmente suficiente. Si carecemos de dicha información, o nos avisa un tercero ajeno a las labores de vigilancia y protección, se deberán buscar tales indicios antes de proceder a intervenir.

Téngase en cuenta que si la detención es arbitraria podríamos incurrir en un delito de detención ilegal previsto en el artículo 163 del Código Penal:

El particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad, será castigado con la pena de prisión de cuatro a seis años.Si el culpable diera libertad al encerrado o detenido dentro de los tres primeros días de su detención, sin haber logrado el objeto que se había propuesto, se impondrá la pena inferior en grado.Se impondrá la pena de prisión de cinco a ocho años si el encierro o detención ha durado más de quince días.El particular que, fuera de los casos permitidos por las leyes, aprehendiere a una persona para presentarla inmediatamente a la autoridad, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses.

Como vemos en los puntos 1 y 4, se castiga la detención ilegal, es decir, fuera de los supuestos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Incluso, en el punto 4, aunque sea para presentar a la persona inmediatamente a la autoridad. Por tanto, un vigilante que en su detención no tenga en cuenta los parámetros expuestos podría incurrir en este delito. Y es que, el vigilante, pese a sus obligaciones añadidas, actuaría en los mismos casos que un particular.

Por último, y en cuanto a los plazos de la detención, es de sobra conocido el artículo 17.2 de la Constitución Española que establece un plazo mínimo y otro máximo para detención:

“La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial”.

La propia Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 497, establece que:

“Si el Juez o Tribunal a quien se hiciese la entrega fuere el propio de la causa, y la detención se hubiese hecho según lo dispuesto en los números 1.º, 2.º y 6.º, y caso referente al procesado del 7.º del artículo 490, y 2.º, 3.º y 4.º del artículo 492, elevará la detención a prisión, o la dejará sin efecto, en el término de setenta y dos horas, a contar desde que el detenido le hubiese sido entregado.

Lo propio y en idéntico plazo, hará el Juez o Tribunal respecto de la persona cuya detención hubiere él mismo acordado”.

Menos familiar resulta el artículo 496 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece:

“El particular, Autoridad o agente de Policía judicial que detuviere a una persona en virtud de lo dispuesto en los precedentes artículos, deberá ponerla en libertad o entregarla al Juez más próximo al lugar en que hubiere hecho la detención dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de la misma.

Si demorare la entrega, incurrirá en la responsabilidad que establece el Código Penal, si la dilación hubiere excedido de veinticuatro horas”.

Estos artículos hay que conciliarlos con el mandato constitucional. A este respecto, resulta clarificadora la Sentencia del Tribunal Constitucional 180/2011, de 21 de noviembre, que contempla el plazo máximo de 72 horas desde dos perspectivas, a saber:

Según el artículo 497.1 de la LECRIM: el plazo de 72 horas se cuenta desde que se entrega el detenido al juez, puesto que esta detención no la ordenó un juez. Así, un particular o agente policial podría detener por propia iniciativa a un individuo que incurriera en uno de los supuestos de detención previstos en la LECRIM. Y tendría un plazo de 24 horas para ponerlo a disposición judicial. Una vez a disposición del juez, éste tendría 72 horas para dejarlo en libertad o convertirlo en preventivo.

Según el artículo 497.2 de la LECRIM: el plazo de 72 horas se cuenta desde que se detuvo materialmente al sujeto, puesto que un juez acordó esa detención. En este caso, la detención es judicial desde el primer momento porque la ordenó el juez.

Una práctica adecuada requiere que el vigilante que detenga a un sujeto por incurrir en uno de los supuestos legales, lo ponga inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (en cumplimiento de la Ley de Seguridad Privada). Una vez intervienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se presume que lo entregarán a la autoridad judicial.

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Una sola seguridad

DIRECTOR DE SEGURIDAD INTEGRAL

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El comisario Gándara no desveló la incógnita, pero aseguró que el reglamento “está alumbrado”, si bien aún depende de las consideraciones de otros órganos de la Administración para salir adelante. Este profesional es un convencido de la necesidad de observar la seguridad desde un punto de vista holístico puesto que “seguridad sólo hay una, otra cosa es desde qué ángulo o especialidad se mire”. Esa filosofía ya queda patente en la nueva Ley de Seguridad Privada al considerar la seguridad informática como una actividad compatible. Anunció, eso sí, que el nuevo reglamento incluirá el término “ciberseguidad” y otros como “servicios de ciberseguridad”, “ciberalarmas” o “cibermedidas”.

El jefe de la UCSP explicó que la norma abordará la integralidad de la seguridad “a través de cuatro conceptos que aparecen a lo largo de la nueva ley”. El primero de ellos es la “cultura de seguridad”, que “es el que va a expandir…

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#NOOLVIDAMOS

Hoy 11 de marzo de 2016 se cumplen 12 años del mayor atentado terrorista perpetrado en España, volvemos a homenajear a las víctimas, heridos y, como no, a “los héroes olvidados”. Todos aquellos vigilantes de seguridad que prestaban servicio el … Sigue leyendo