¿ENTRARÁ EN PRISIÓN MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ COMO EL ACTIVISTA ALFON?

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En el año 2010 el Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas condenaba a Miguel Ángel Ramírez –  dueño del Grupo Ralons y Seguridad Integral Canaria–  a tres años y un día de cárcel  y a pagar una multa de 43.260 euros por un flagrante delito contra la ordenación del territorio.  Ignorando a conciencia la legislación medioambiental, el presidente de la U.D. Las Palmas había “extendido” su finca La Milagrosa invadiendo el espacio protegido de Pino Santo, en Teror (Gran Canaria).

 

 

 

   Tres años después, el empresario que, según la documentación destapada a raíz del Caso Bárcenas, fue uno de los principales financistas del Partido Popular entre los años 2010 y 2011, recibía el indulto del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que conmutaba la pena de tres años por   otra de dos, para evitar que entrara en prisión.

 

 

 

   A comienzos de 2014, la  organización Ecologistas en Acción presentaba un recurso ante el alto tribunal contra este  indulto, por entender que esta medida estaba “totalmente injustificada”.

 

 

 

   Mediante un comunicado, la organización ecologista denunciaba entonces que la medida de gracia concedida a Miguel Ángel Ramírez se producía en un momento de “permisividad ante delitos medioambientales y urbanísticos”.

 

 

 

    Los ambientalistas criticaban, además,  que el Gobierno “condicionara la efectividad del indulto a que el empresario grancanario, presidente de la UD Las Palmas, derribara las obras que realizó ilegalmente, cuando eso era algo a lo que ya estaba obligado por la misma sentencia que lo declaró culpable de un delito contra la ordenación del territorio”.

 

 

 

   Ahora, respondiendo a la petición de Ecologistas en Acción, el Tribunal Supremo ha revocado el indulto concedido por el Consejo de Ministros  al empresario, y ha ordenado que el expediente se retome y se consulte a la Audiencia de Las Palmas.

 

 

 

   La sentencia cuenta con un voto discrepante, porque dos de los siete magistrados que la firman consideran que la ONG ambientalista “carece de interés concreto que le legitime para impugnar el indulto”.

 

 

 

   Sin embargo, la tesis mayoritaria del tribunal que ha revisado el caso se apoya en el hecho de que el Convenio Internacional de Aarhus, suscrito por España, reconoce la acción popular en asuntos medio ambientales. Es decir, permite a cualquier ciudadano o asociación recurrir una decisión de ese tipo sin necesidad de tener un interés directo, sino solo invocando la defensa de la legalidad.

 

 

 

   Para el TS, la repercusión medioambiental del delito que cometió Ramírez habilita a Ecologistas en Acción para impugnar el indulto otorgado a su protagonista, como ONG de defensa de la naturaleza.

 

 

 

  Los magistrados que discrepan alegan, para defender el indulto, que Ecologistas en Acciónno se personó en la causa penal por la que se condenó a Ramírez, aunque pudo haberlo hecho, y que el indulto otorgado al empresario estaba expresamente condicionado a la demolición de las obras ilegalmente ejecutadas, con lo que “ya se protegía el interés medioambiental”.

 

 

 

A comienzos del pasado 2014, sin embargo, la magistrada titular Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas recordaba al propietario de Seguridad Integral Canaria que “no había cumplido los requisitos establecidos en el artículo 80 del CP” para beneficiarse de la“suspensión de la pena”.

 

 

 

   La juez, sin embargo, en contra del criterio de la Fiscalía de Medio Ambiente, decidía“aplazar” su decisión al respecto de este incumplimiento hasta que el Tribunal Supremo resolviera  sobre el recurso presentado por Ramírez para intentar revisar su condena. La defensa del empresario pretendía que el Supremo anulara definitivamente la sentencia y le permitiera “legalizar” las obras.

 

 

     Este mismo miércoles, Ramírez aseguraba que “ya ha cumplido” con lo que se le exigía a cambio de esa medida de gracia. “Tiré la pajarera y la pérgola y pagué mi multa”, manifestgó el presidente de Las Palmas a la emisora oficial de su club, UD Radio.

 

 

 

       En las declaraciones efectuadas a sus empleados en UD Radio, Miguel Ángel Ramírezcalificó la decisión del Supremo como un “mero trámite procesal” y manifestó su confianza en que “el problema se  reconduzca, que las cosas se dejen como están y le permitan disfrutar de la Primera División”.

 

 

 

¿ALGUIÉN ESPERA VER AL “PRESI” ENTRANDO EN PRISIÓN?

 

 

   Ahora, una vez que el alto tribunal se ha pronunciado en sentido contrario, cabe preguntarse qué ordenarán los tribunales con respecto al condenado, que actualmente se encuentra también imputado por un presunto fraude multimillonario a Hacienda y laSeguridad Social.

 

 

  Recientemente, se producía el ingreso en prisión del  activista madrileño Alfon, por la supuesta tenencia de unos “explosivos” en el que las pruebas  periciales no pudieron encontrar sus huellas y sí las de otras tres personas que jamás fueron identificadas. Condenado a cuatro años de cárcel, en lo que ha sido denunciado como un “montaje policial”, el joven comunista de Vallecas fue inmediatamente puesto en busca y captura y encarcelado sólo un día después de que el Supremo desestimara el recurso de su defensa.

 

 

 

   ¿Reaccionará la “justicia” con idéntica celeridad con el flamante presidente de la UD Las Palmas? ¿Tendrá que cumplir Ramírez la condena de tres años y un día de prisión, como se vería obligado a  hacer cualquier otro ciudadano sin sus influencicas, o podrá disfrutar  desde su palco, como solicita, de la próxima campaña del equipo amarillo en Primera División?

 

 

 

   A estas alturas, no creemos que sean muchos los que alberguen dudas sobre este particular

Fuente Canarias Semanal

OBSERVACIÓN: La Información ofrecida ha sido obtenida mediante un sistema de búsqueda en Internet. Su titularidad corresponde a la Web de origen “Fuente” salvo lo dispuesto en la misma.

@Vigtorre
http://www.vigilanteseguridadprivada.wordpress.com

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