Normalidad en los aeropuertos pese al mayor control de los equipajes de mano

La normalidad es total en los aeropuertos españoles en la primera jornada de refuerzo de la revisión de los equipajes de mano, en la que no se han producido incidentes ni retrasos, según han confirmado a EFE fuentes de Aena.
El gestor aeroportuario ha reforzado los equipos de seguridad que se ocupan de la revisión de equipajes, que son de obligado cumplimiento pues han sido fijados en Bruselas y que le supondrán a Aena un coste anual de 17 millones de euros.
Desde hoy, los pasajeros aéreos se han encontrado con una nueva inspección en su equipaje de mano que conlleva la extracción de todos los dispositivos electrónicos y eléctricos, para ser revisados por separado.
En principio, cualquier pasajero puede ser susceptible de ser sometido a esta inspección, que incluye aparatos electrónicos como cámaras fotográficas, cámaras de vídeo, ordenadores o móviles, así como dispositivos eléctricos de gran tamaño como planchas, secadores, juguetes a pilas o maquinas de coser portátiles.
El gestor aeroportuario ha previsto un refuerzo de vigilantes de seguridad en los puntos de inspección del equipaje de mano.
El nuevo reglamento europeo señala que “datos recientes han demostrado que nuevos modelos de ocultación de artefactos explosivos improvisados están siendo desarrollados por terroristas, con el fin de contrarrestar las medidas de seguridad aérea existentes en relación con la inspección del equipaje de mano”.

https://es.finance.yahoo.com/noticias/normalidad-aeropuertos-pese-control-equipajes-mano-152633238.html

Vigtorre VS

Sólo un 19% de los escoltas de Euskadi y Navarra que perdieron su puesto han sido recolocados para vigilar las prisiones

Sólo un 19 por ciento de los escoltas privados que perdieron su puesto de trabajo en el País Vasco y Navarra a raíz del Plan del Ministerio del Interior para la reducción de protección han sido recolocados en la vigilancia de los perímetros exteriores de los centros penitenciarios una función que el Gobierno ha otorgado a las empresas privadas de seguridad en sustitución de la Guardia Civil.

“En la actualidad, 81 vigilantes que prestan servicios en apoyo a la seguridad en centros penitenciarios habían sido escoltas en el País Vasco o Navarra”, dice el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria escrita a la que ha tenido acceso Europa Press. Esa cifra supone el 19 por ciento de los 424 escoltas privados que dejaron de prestar su servicio tras las puesta en marcha del plan de reducción iniciado en 2012.

Este plan tuvo varias fases y la primera de ellas fue precisamente la que afectó a las empresas de seguridad privada. En ese momento había 789 escoltas privados prestando seguridad en el País Vasco y Navarra a un total de 558. De esas cifras se pasó a 365 escoltas privados para proteger a 306 personas, es decir una reducción del 53,74 por ciento de efectivos.

EXPLICACIÓN DEL EJECUTIVO

El Gobierno explica que desde sus competencias “se promovieron iniciativas encaminadas a la recolocación de los escoltas que habían prestado servicio en el País Vasco y Navarra, como por ejemplo el plan de apoyo al servicio de vigilancia que prestan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los Centros Penitenciarios”.

Pero admite que “no se estableció un compromiso específico” para recolocarles, “sino una declaración de intenciones de promover actuaciones encaminadas a facilitar su recolocación”. Añaden como “prueba de ello” que en la fase inicial “de los 234 vigilantes contratados durante el plan piloto, más de un tercio habían sido escoltas en el País Vasco o Navarra”.

Además añaden que “en este sentido, conviene destacar la necesidad por parte de los escoltas de querer incorporarse a las empresas de seguridad como vigilantes, al ser éste un trabajo diferente al que venían desempeñando y, en muchos casos, en ámbitos geográficos distintos a donde residían”.

http://www.teinteresa.es/politica/Solo-Euskadi-Navarra-recolocados-prisiones_0_1312668994.html

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Juzgan a nueve personas por el robo millonario de joyas en un centro comercial de Marbella

La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar a partir de este lunes a nueve personas por su presunta relación con el robo de más de cuatro millones de euros en joyas y otros objetos en un centro comercial de Puerto Banús, en la localidad malagueña de Marbella. Uno de los acusados, aunque no por el fiscal, es Miguel Montes Neiro, conocido como el preso común más antiguo de España, según han informado fuentes judiciales.
Los hechos sucedieron el 18 de noviembre de 2012. Tres de los acusados se pusieron de acuerdo para llevar a cabo este robo, según la acusación pública, a la que ha tenido acceso Europa Press, teniendo como cómplice a uno de los vigilantes de seguridad, también procesado, que previamente había cambiado el turno para estar trabajando el día fijado.

Según el fiscal, esos tres acusados se presentaron a primeras horas de la tarde en la puerta de empleados del centro comercial como supuestos trabajadores para hacer obras, y lograron entrar gracias a la ayuda del vigilante. Se pusieron pasamontañas para no ser identificados y apuntaron con un arma al jefe de seguridad y al auxiliar, a los que ataron y colocaron cinta adhesiva en la boca.

Hicieron lo mismo, señala el ministerio público, con tres trabajadores que realizaban obras para un local. Los dos vigilantes y los empleados, que estaban atados y a los que pusieron una capucha de tela en la cabeza, permanecieron retenidos en una sala hasta las 19.30 horas. Asimismo, los procesados cogieron las grabaciones de las cámaras de seguridad y todo tipo de llaves de la zona de joyería.

El fiscal señala que se apoderaron de joyas y relojes de gran valor. Así, el valor de lo sustraído y recuperado asciende a 2,3 millones de euros; mientras que lo no recuperados supone 2,4 millones de euros. Tras esto, los tres acusados dejaron maniatados a las cinco personas y abandonaron el lugar, quedándose el vigilante acusado en el centro, “aparentando haber sido víctima de estos hechos”.

Asimismo, la Fiscalía señala que los procesados contactaron con tres personas, a las que también acusa, a los que ofrecieron las joyas y relojes. Se indica que uno de ellos adquirió varios objetos procedentes del botín y a dos mujeres se les intervino en los registros de las viviendas en las que residían –una de ellas junto a un acusado– algunas piezas, conociendo que eran del atraco.

Por estos hechos, el ministerio público acusa a cuatro procesados de un delito de robo con violencia y de cinco de detención ilegal; mientras que a tres de ellos se les achaca, además, un delito más de robo por un coche sustraído. Las penas solicitadas oscilan entre los 41 y los 34 años de prisión. También acusa a tres personas por receptación, solicitando entre dos y un año y medio de cárcel.

En su momento, el fiscal no acusó a Montes Neiro, que fue detenido e imputado en el transcurso de la investigación policial y judicial; aunque sí lo acusan una empresa de joyería y dos aseguradoras, personadas como acusación particular, que solicitan un año o un año y cuatro meses por un delito de receptación, al situar su participación en el momento de ofrecer el botín.

http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Juzgan-personas-millonario-comercial-Marbella_0_1948275097.html

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‘Que no se culpe a la Policía de lo que sucede en el fútbol’

El secretario general del SIPE pide en GACETA.ES que Cosidó les explique las nuevas medidas que según dice se están adoptando para “mejorar aún más la seguridad que hay en los estadios”.
No solo la fe mueve montañas, también el fútbol. El deporte rey moviliza además elevadas cantidades de dinero y de personas. Y aunque no es justo que por un número de energúmenos se cuestione la labor y la eficacia de la Policía Nacional, la reyerta acontecida el día 30 de noviembre entre aficionados radicales del Atlético de Madrid y del Deportivo de La Coruña en la que un hincha del equipo gallego perdió la vida hizo que se desatara la polémica sobre la seguridad del fútbol en España.
¿Cosidó habla por hablar?

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, afirmaba este jueves que el nivel de seguridad en los estadios de fútbol españoles es “envidiable”. Cosidó apuntaba además que se están adoptando medidas para “mejorar aún más la seguridad que hay en los campos”. “¿Qué medidas? Que nos las diga a nosotros también, porque no las sabemos”, dice el secretario general del Sindicato Independiente de la Policía Española (SIPE) a GACETA.ES. “¿Qué nuevas medidas se pueden tomar cuando ya está todo controlado hasta el extremo?”, añade.
Y es que si antes los agentes comenzaban a poner en marcha el dispositivo de seguridad entre una hora y una hora y media antes del partido, tras la muerte de Jimmy comienzan con tres horas de antelación. Una gran labor la que hacen las Unidades de Intervención Policial (UIP), que, como explica Alfredo Perdiguero, se desplazan hasta 30 y 50 Kilómetros fuera de Madrid para identificar los autobuses de los aficionados radicales; los acompañan al estadio y finalmente los guían a la salida. Pero no queda ahí su trabajo, también protegen los alrededores y controlan a la otra afición. Y no solo se movilizan agentes, también caballería y guías caninos. El problema, como dice, consiste en que cada vez se movilizan a más agentes y “la Policía debería acudir para situaciones puntuales”.
Un servicio público -empleado en un recinto privado- que nadie costea

Se trata sin duda de un despliegue muy costoso cuyo gasto debería asumir la “Liga de Fútbol Profesional (LFP) al igual que hace la Vuelta ciclista a España”, reclama Perdiguero, y propone que cada partido sea tasado en función del riesgo que conlleve. “Ese dinero se podría destinar a reforzar la formación de la Policía o a mejorar las instalaciones policiales” que, como ya publicó GACETA.ES, se encuentran en condiciones lamentables.
Debate también con la seguridad privada dentro de los estadios, pues sobre ella debería recaer la responsabilidad de todo lo que acontezca dentro de las instalaciones y no sucede así. “Cada vez que tiene lugar un incidente dentro del recinto deportivo, los que actuamos somos nosotros”, asegura. Y pone el ejemplo de los campos ingleses: “allí, a pesar de que asisten multitud de hooligans, apenas hay presencia policial porque no se producen alteraciones del órden público”.
‘Que no se culpe a la Policía de lo que sucede en el fútbol’

De lo que no hay ninguna duda es de la profesionalidad y de la valía de las UIP, grupo de referencia a nivel internacional en control de masas. Aún así, toda formación es poca. “Los policías pedimos mucha más formación de la que tenemos, también para los servicios en la calle. Tenemos que hacer frente a situaciones de estrés tras muchas horas de trabajo, nos insultan y amenazan y tenemos que aguantar. A afrontar esas situaciones no nos enseña nadie”, explica.
Tampoco fue bien recibida en los fueros internos de la Policía la destitución de los responsables de seguridad del Deportivo de La Coruña y del Atlético de Madrid, además de porque no tenían culpa de lo sucedido, porque “ese trabajo no está remunerado, lo hacen de manera excepcional”. “¿Que debemos estar? Por supuesto. Pero que luego no recaiga sobre la Policía la responsabilidad por lo que suceda, porque la Policía hace su trabajo mucho y bien”, sentencia Perdiguero.

http://www.gaceta.es/noticias/policia-nacional-cosido-seguridad-futbol-jimmy-ultras-01032015-0153

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Piden a Defensa que cancele sus contratos con Seguridad Canaria por fraude a Hacienda

El secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP-USO), Antonio Duarte, ha remitido a los principales clientes de Seguridad Integral Canaria, empresa a la que, entre otras cosas, adjudicaron en 2014 los servicios de vigilancia, alarmas y seguridad de todas las instalaciones del Ministerio de Defensa, una carta en la que denuncia los asuntos con la justicia que tendría pendientes el presidente y propietario de la empresa, Miguel Ángel Ramírez, y pide la revisión de los contratos.

Ramírez, un canario al que se le conoce amistad con el ministro de Industria, José Manuel Soria, fue indultado por el Gobierno de Mariano Rajoy tras ser condenado por delito urbanístico. Además, según la carta remitida por USO, Seguridad Integral Canaria está acusada por la Agencia Tributaria de un fraude fiscal por pagar supuestamente en B conceptos retributivos fuera de la nómina oficial.

Esa carta de tres folios, fechada el pasado 5 de febrero y a la que ha tenido acceso Vozpópuli, está dirigida al ministro Pedro Morenés y a otros siete altos cargos del Ministerio de Defensa; al Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Jaime Domínguez Buj; al director general del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas”, Ignacio Azqueta; al presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, y al director de Seguridad del Ente, Alfonso Perellón, así como al Consejero Delegado de BBVA, Ángel Fernández Cano, y a otros cuatro altos cargos de este banco, como a su director de Seguridad, Julio Corrochano, quien ha sido Jefe Superior de Policía de Madrid.

Los problemas judiciales de la empresa canaria de seguridad

Como ya informó Vozpópuli en su momento en un extenso reportaje, son muchos los problemas por los que atraviesan los trabajadores de la seguridad privada, pero parece ser que la palma se la llevaría, entre otras empresas de las casi 1.500 que componen el sector, Seguridad Integral Canaria; eso, al menos, es lo que afirma el secretario general de FTSP-USO, Antonio Duarte, en la carta-informe a la que ha tenido acceso Vozpópuli y en la que pide a las empresas e instituciones a las que ha sido remitida que rescindan el contrato con esta sociedad canaria.

En su carta, Duarte dice a los destinatarios que “la contratación [de los servicios de seguridad a esta empresa canaria] la realizaron meramente en base a criterios de ahorro de costes”, pero que no deben ser los únicos criterios, sobre todo porque –afirma la carta- el dueño de la empresa, Miguel Ángel Ramírez, fue condenado por delito urbanístico, aunque el Gobierno de Rajoy le concedió un indulto.

Pero, además, USO afirma que Ramírez “está actualmente imputado por varios delitos, entre ellos por los hechos acaecidos en el servicio que prestaba su empresa en el Aeropuerto Tenerife Sur (AENA), por supuestos delitos de falsedad documental, fraude, exacciones ilegales y malversación de caudales públicos”, un expediente que, sin embargo, estaría parado en el Juzgado de 1º Instancia e Instrucción nº 3 de los de Granadilla.

En la carta se añade también que Ramírez está imputado por el Juzgado de Instrucción Nº 8 de las Palmas de Gran Canaria por un supuesto delito fiscal, al no retener en IRPF ni supuestamente cotizar debidamente a la Tesorería General de la Seguridad Social por las horas extras que realizan sus trabajadores.

En ese punto, la carta remitida por Antonio Duarte al ministro de Defensa y a los otros 17 destinatarios afirma lo siguiente: “Las cantidades que debieron de haberse retenido e ingresado son 1.251.650,22€ en el año 2008 y de 1.1143.057,42 € para el año 2009, según datos de la Agencia Tributaria. No obstante, se prevén defraudaciones superiores al estar pendientes los pertinentes informes en relación al periodo que comprende del 2010 al 2013, y con respecto a las retenciones de IRPF e ingresos correspondientes derivados para la TGSS de dichos ejercicios”.

No obstante, según recoge la propia carta, la empresa habría reconocido parte de los anteriores hechos y habría pactado con la Unidad Central de la Inspección de Trabajo abonar las cantidades supuestamente defraudadas en 10 mensualidades.

La situación interna de los trabajadores: competitividad ventajista

Más allá de los expedientes judiciales, la queja de USO explicitada en su carta a los citados destinatarios se refiere de forma muy explícita a como la empresa Seguridad Integral Canaria habría intentado modificar de forma sustancial las condiciones de trabajo a sus trabajadores, bien a través de un descuelgue salarial o de la formalización de un convenio de empresa propio, “con la finalidad de adquirir ventaja competitiva en las licitaciones (en este sector los gastos de personal suponen más del 90% de los gastos generados por los operadores), pero siempre se ha encontrado con la oposición final, aunque tardía, de las autoridades laborales”.

USO afirma en este punto que la empresa continúa con su política de abono de menores retribuciones de las establecidas por Convenio Colectivo a sus empleados, “siendo una de las empresas más demandadas y conflictivas del sector”, dice la carta, “como fácilmente puede cotejar del ambiente de crispación con respecto a ella de este sindicato, tanto en medios informativos como en foros del sector”.

Otras propuestas de sanción

USO relaciona seguidamente las otras propuestas de sanción que tendría Seguridad Integral Canaria por parte de la Inspección de trabajo, destacando una de 25.000€ por supuestamente no abonar a sus trabajadores en tiempo y forma la nómina mensual. Además, la carta que firma Antonio Duarte en nombre de USO destaca su política laboral, acusándola de cosas más intangibles, como de supuestos abusos de autoridad o de intimidación.

En ese punto, destaca Duarte los despidos de los 5 miembros del Comité de Empresa y del Delegado Sindical de la FTSP-USO en Tenerife. Pero añade: “Afortunadamente, estos representantes de los trabajadores represaliados han ganado sus demandas por despido nulo y pudieron volver a sus puestos de trabajo en la empresa”.

Finalmente, USO lanza una advertencia a las empresas contratistas: “Nuestra asesoría jurídica está analizando seriamente la viabilidad de demandar judicialmente a todas las empresas o instituciones donde preste servicios” la empresa canaria, pero “como responsables civiles subsidiarios o solidarios en todas las reclamaciones de cantidades que se dirijan a esta empresa por parte de la Administración y de los trabajadores”. Y también les comunican que USO está estudiando incluir como parte denunciada o querellada “a las instituciones o empresas contratantes en las posibles denuncias o querellas criminales por delitos ante la Hacienda pública y la Tesorería General de la Seguridad Social”.

Según los datos facilitados por la propia empresa, Seguridad Integral Canaria surgió en 1995 para la vigilancia y la protección de bienes e instalaciones, además de posicionarse como la “apuesta más segura” en el transporte de fondos y valores en Canarias y la Península Ibérica. En pocos años se convirtió en la empresa líder de seguridad en el archipiélago canario, y en 2005 amplió su actividad en el resto del territorio nacional, instalándose en Madrid.

Actualmente cuenta con grandes contratos en Metro de Madrid (unos 500 vigilantes), los edificios de Nuevos Ministerios, edificios del Patrimonio Nacional, cuarteles y edificios relacionados con el Ministerio de Defensa, INTA, RTVE y BBVA (transporte de fondos, al menos en Canarias).

http://vozpopuli.com/actualidad/58293-piden-a-defensa-que-cancele-sus-contratos-con-seguridad-integral-canaria-por-fraude-a-hacienda

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El negocio de la seguridad privada: descuelgues radicales de convenio y pagos en negro

De los 223.936 vigilantes habilitados en España en diciembre de 2013 –últimas cifras oficiales disponibles-, sólo 82.150 (el 36,68%) permanecían en activo. Pero de ese total, 15.645 vigilantes (el 19,04%) sufrían los efectos del ‘descuelgue’ del convenio estatal y trabajaban en unas condiciones laborales y salariales muy precarias. Así se establece en un amplio dossier elaborado por la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) al que Vozpópuli ha tenido acceso. Muchas de esas empresas, sin embargo, reciben múltiples contratos por la Administración General del Estado, o bien por las autonómicas o por las locales.

La FTSP-USO es el tercer sindicato más representativo en el sector de la seguridad privada, con cerca de 800 delegados y más de 9.000 afiliados en toda España. Gracias a los datos facilitados por sus delegados se elaboró este dossier, en el que se pone de manifiesto cómo las políticas de rebaja de precios auspiciadas desde las administraciones públicas han propiciado que las empresas de seguridad rebajen aún más las condiciones laborales y oferten a la baja, lo que afecta a los servicios prestados, pero sobre todo a las condiciones laborales internas.

En concreto, el dossier al que ha tenido acceso Vozpópuli divide a este tipo de empresas que contratan con las administraciones públicas tirando los precios en dos grandes grupos: las que se han descolgado sin más del Convenio Colectivo Estatal de las empresas de Seguridad, y las que, habiéndose descolgado del mismo han firmado, sin embargo, un nuevo convenio con sus trabajadores. En ambos casos las condiciones resultantes son muy inferiores a la estatal, pero en todo caso esas condiciones están permitidas por la reforma laboral que realizó el Gobierno del PP en 2012. Algo de lo que, por cierto, se quejan todos los sindicatos consultados por este periódico.

Descuelgue del convenio: muchas horas y precios muy bajos

Las empresas en las citadas condiciones que se han descolgado del convenio estatal y han sido analizadas en este dossier son 20 en total y afectan a 5.245 trabajadores (el 6,38% del personal en activo). En la mayor parte de las mismas se observa un mínimo común denominador: muchas horas anuales de servicio y precios por debajo del convenio.

Algunas de esas empresas sólo tienen contratos parciales, pero hacen trabajar a sus vigilantes a jornada completa. Además, “pagan las horas extraordinarias en negro”, según se afirma taxativamente en el citado documento. En algunos casos se ha acordado recientemente una reducción de jornada y salario del 2,69% para todos sus trabajadores, excepto los mayores de 61 años y el personal con jornada reducida.

El número de horas anuales oscila entre las 1.782 que imponen algunas empresas hasta las 1.826 que mantienen la mayoría de las 20 sociedades descolgadas del convenio y analizadas por USO. Otra cosa distinta son los salarios: cada una es un mundo aparte, pero el común denominador es que se paga mucho menos que en convenio, con variaciones de hasta más del -15,34%.

Algunas empresas llegaron a aplicar en 2012 una disminución del 8% del salario bruto anual con respecto a las tablas de 2011

Los salarios anuales van desde 13.360,60 euros (-2.420,90, es decir, un 15,34% menos que en convenio) en una empresa con 300 empleados, hasta los 15.018,90 euros (762,60 menos, un 4,83%), pasando por valores como 14.641,20 (una diferencia de -1.140,30, un 7,22% menos). Algunas empresas llegaron a aplicar en 2012 una disminución del 8% del salario bruto anual con respecto a las tablas de 2011, reducción que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2012. Y todas ellas, sin embargo, han conseguido grandes contratos públicos porque, según el dossier, sus precios eran los más baratos. A eso es a lo que los sindicatos llaman ‘tirar los precios’.

En este capítulo, algunas empresas cuentan con acuerdos individuales con sus trabajadores en cuanto al pago de las horas extras, pero se denuncia que “les descuentan las retenciones y les pagan la diferencia en negro”.

Convenio propio: precios a la baja para ‘tirar el mercado’

El segundo gran grupo es el de las empresas de seguridad que se han descolgado del convenio estatal pero que han firmado un convenio propio con los representantes de sus trabajadores. Son 14 las empresas analizadas por FTSP-USO, en la mayoría de los casos de pequeño o mediano tamaño.

Como en el grupo anterior, el mínimo común denominador de estas empresas es que pagan también muy por debajo del convenio estatal y afectan a 10.400 trabajadores (el 12,65% de los vigilantes en activo). El mínimo sueldo anual registrado es de 12.632,48 euros, con una diferencia en negativo de -3.149,02 euros anuales (un 19,95%), aunque la media suele oscilar alrededor de los 930 euros menos de salario al año, con plantillas que rebasan en algún caso los 5.000 trabajadores.

Lucha abierta con las instituciones

Desde los sindicatos, pero especialmente desde USO, muy activa en este sector, se ha iniciado una serie de acciones con reuniones institucionales para dar a conocer a los poderes públicos que contratan seguridad privada la problemática laboral creada por estas empresas. Representantes sindicales han trasladado el malestar del sector por ejemplo a los diputados de las Comisiones de Interior, de Justicia y de Hacienda del Grupo Popular en el Congreso; ídem con el Grupo de UPyD; con autoridades institucionales de distintas Comunidades Autónomas, y con el director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Hacienda, con el Inspector Jefe de la Unidad Central de Inspección de Trabajo y con el director general y presidente del Consejo de Administración de AENA.

Además, el pasado 27 de octubre, la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO inició una campaña contra las empresas defraudadoras denominadas “¡Empresas Pirata!”, consistente en pegada de carteles y pegatinas adhesivas en las inmediaciones de la sede de las empresas así consideradas y de los clientes donde estas empresas prestan servicio.

Por estos estudios y estas campañas, el secretario general de FTSP-USO, Antonio Duarte, se ha visto obligado a interponer cinco denuncias por acoso, seguimiento con vehículos y amenazas a él y a sus familiares; ha soportado dos incidentes graves en Canarias, y le han tenido que conceder una autorización de autoprotección personal.

http://vozpopuli.com/actualidad/58334-el-negocio-de-la-seguridad-privada-descuelgues-radicales-de-convenio-y-pagos-en-negro

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