Pegar a un policía, 180 euros

Indignación entre los miembros de las distintas fuerzas de seguridad por la escasa protección jurídica y física ante delincuentes violentos tras los hechos de Puerto Serrano

Francisco Javier Ortega, un policía de 28 años, murió al ser arrojado al metro en la destación de Embajadores de Madrid por un individuo agresivo con nueve detenciones a sus espaldas. Otro delincuente habitual, sin mediar discusión, rompió una botella en la cabeza de un policía de paisano, de 31 años, en la playa de Gandía al reconocerle por haber intervenido días antes en un registro. Por último, los hermanos Venegas, de Puerto Serrano, con un larguísimo historial de actos violentos, dejaron tuerto y maltrecho a Juan Cadenas, un policía local que custodiaba al pequeño de esta familia, detenido por una infracción de tráfico. Son tres hechos que se han sucedido en menos de un mes y que han provocado la indignación de los miembros de las distintas fuerzas de seguridad, que en los foros de internet han exigido una mayor protección legal para evitar este tipo de hechos.

“Pegar a un policía sale por 180 euros. No creo que haya un país donde sea tan barato desahogarse con la autoridad”, afirma con amargura Manuel Troyano, secretario de la sección andaluza del Sindicato Independiente de Policía, muy introducido en las plantillas de la Policía Local de Andalucía. Troyano desarrolla esta comparación relatando lo que le supone a un agente de policía realizar la misma acción contra un ciudadano. “Si un policía golpea a una persona sin causarle ninguna lesión será castigado con 30 euros durante treinta días, cinco veces más que si es al contrario, pero es que, además, al haber sido condenado en firme por vía judicial, sufrirá una suspensión de empleo y sueldo de entre cuatro y seis meses. Esto puede explicar el autocontrol al que se ve obligado un agente de seguridad. Son necesarias garantías para los ciudadanos, pero la desproporción es patente”.

Francisco Camacho, seccretario provincial de Cádiz del Sindicato Unificado de Policía, confirma la indignación existente en el Cuerpo porque “cada día sufrimos más agresiones y estamos más indefensos ante una delincuencia cada vez más violenta. Es creciente el número de denuncias que reciben los policías por parte de delincuentes una vez que han realizado una interveción. Es una artimaña de defensa que, en la mayor parte de los casos, es denegada por los jueces, pero que basta que alguna vez no sea así opara que te cueste el puesto de trabajo. Por eso se trabaja con una tensión añadida contando con que en ese trabajo en ocasiones te estás jugando la vida”.

Camacho recuerda que los policías se enfrentan a delincuentes con armas con “nuestra propia arma, no tenemos otro recurso. Y si matas o hieres a alguien con tu arma es más que posible que salgas condenado por haberte excedido”. Por ello, desde el SUP se ha solicitado a la Dirección General de Policía que se dote a los agentes con otros elementos de reducción del delincuente que no tenga que ser necesariamente un arma de fuego. “Existen otras posibilidades como esprays de pimienta o defensas extensibles y eléctricas. Esto nos daría muchas más garantías de actuar sin tener el riesgo de ser castigados posteriormente”.

Para los policía locales, según se explica desde el SIP; las demandas de material son más de defensa que de ataque. Troyano pone el ejemplo de los chalecos antibalas, “que sólo los suelen tener las unidades motorizadas. Las patrullas de a pie van a cuerpo y esta demanda no parece incluirse, por ejemplo, dentro de todas las medidas que se están tomando por la amenaza terrorista del yihadismo. Por supuesto, en pequeños pueblos ni se considera”.

Ángeles Ayuso, fiscal de la Audiencia Provincial de Cádiz, ha asistido a este malestar policial que incluye la queja de la suavidad de las condenas a los delincuentes. Está de acuerdo en que la ley prevé castigos demasiado leves por los atentados a la autoridad, pero niega que exista falta de precaución con los delincuente reincidentes: “En casos como el de Puerto Serrano, que es un pueblo pequeño, te encuentras con que no puedes utilizar instrumentos legales que sí se usan en una ciudad de una mayor dimensión. Me estoy refiriendo a la posibilidad de contar con testigos, ya que los vecinos se conocen entre sí y nadie quiere enemistarse con un elemento peligroso, lo que hace más difícil la tarea de la acusación”.
http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/1953045/pegar/policia/euros.html#.VM-dGxApflI.twitter

Vigtorre VS

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