Debe tener el Personal de Seguridad el carácter de Agente de la Autoridad? Eligio Landín López Facultativo del CNP, Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas

Eligio Landín López

Facultativo del CNP, Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas

El Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña publicó, el pasado día 30 de diciembre, la Ley 10/2011 que, entre otras leyes autonómicas, modificó la Ley 4/2003, de ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Cataluña. La reforma añadió a esta Ley la Disposición Adicional Séptima, mediante la que otorga el carácter de Agente de la Autoridad al Personal de Seguridad privada que preste servicios de vigilancia en infraestructuras y medios de transporte público de Cataluña.

La Disposición, según establece la misma, se aprobó en base a las competencias de coordinación de la seguridad privada con la Policía autonómica que tienen la Comunidad Autónoma en virtud del vigente Estatuto de Autonomía. No voy a entrar a considerar si el Parlamento Autonómico tenía, o no, competencias para regular la materia, pero lo cierto es que un dictamen de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, de fecha 14 de noviembre de 2011, niega esa posibilidad de acuerdo con las competencias que Cataluña tiene en materia de seguridad privada, conforme a lo establecido en la Ley 23/92 y su Reglamento de ejecución, aprobado por Real Decreto 2364/94.

En todo caso, el motivo de este artículo no es analizar las competencias del Estado y las que, con carácter ejecutivo, tiene la Comunidad Autónoma en seguridad privada, análisis que, con todo acierto, ha efectuado la Unidad Central de Seguridad Privada y que ha hecho público a través de uno de sus boletines ( Monográfico 12, de septiembre de 2011).

La decisión de la Generalidad que, por otra parte, no es novedosa, ya que la Ley Ferroviaria de Cataluña,( la Ley 4/2006), a pesar de las discrepancias habidas sobre la interpretación de su art. 38, en mi opinión, ya atribuía el carácter de Agente de la Autoridad al Personal de Seguridad que prestaba servicios de vigilancia en las instalaciones de los medios de transporte ferroviarios incluido el metropolitano; me da pie a plantear la cuestión de fondo que encabeza el artículo: ¿ debe el personal de seguridad privada tener la condición de Agente de la Autoridad? Pues bien, ya anticipo que mi respuesta es positiva.

Sin ninguna duda creo, por las razones que expondré a continuación, que es imprescindible que el personal de seguridad, (Vigilantes de Seguridad, Escoltas Privados, Vigilantes de Explosivos y sustancias peligrosas, guardas particulares de campo, incluidas sus especialidades -guardas de caza y guardapescas-, y, por qué no, el resto de las categorías que lo integran: Directores de Seguridad, Jefes de Seguridad y Detectives Privados), tenga reconocida legalmente la condición de Agente de la Autoridad.

En este punto discrepo del criterio de la Unidad Central de Seguridad Privada del Ministerio del Interior que, a pesar de que el art. 35 de la Orden INT/318/2011, establece textualmente: “ En el cumplimiento de su deber de colaboración, el personal de seguridad privada tendrá la consideración jurídica que otorgan las leyes a los que acuden en auxilio o colaboran con la autoridad o sus agentes”, sigue manteniendo que, con carácter general, el personal de seguridad no tiene el carácter de Agente de la Autoridad, aunque en determinadas circunstancias tiene la protección legal como tales ( cuando acuden en auxilio o colaboran con la Autoridad o sus Agentes, ampliable a determinados servicios que el personal de seguridad privada preste en colaboración directa con la seguridad pública, como por ej. En un dispositivo conjunto de seguridad). No comparto su interpretación restrictiva, ya que, si bien es cierto que la citada Orden, por su rango legal, no podía otorgar tal condición al personal de Seguridad Privada ( precisamente esa falta de rango legal fue el argumento por el que, finalmente, el Tribunal Supremo negó validez al Decreto 629/1987 que atribuía la condición de Agente de Autoridad a los antiguos Vigilantes Jurados de Seguridad), también lo es el hecho de que si el alcance de la protección del personal de seguridad que recoge el precepto se limita a esos aspectos, la norma resulta innecesaria, ya que esa protección ya está prevista en una norma de superior rango, en este caso de Ley Orgánica, como es el art. 555 del vigente Código Penal ( Ley Orgánica 10/95). (Éste artículo protege con las mismas penas – en un grado inferior- que las establecidas para los atentados contra la autoridad o sus agentes, a los acometan o intimiden a las personas que acuden en auxilio de la autoridad, sus agentes o funcionarios.)

Yo creo que habría que abordar el asunto con la profundidad que requiere y, si ahora no era el momento, de lege ferenda, debería incluirse, de forma inequívoca, en la futura reforma de la Ley de Seguridad Privada. Es muy sencillo, bastaría con añadir un artículo con el siguiente texto: “El Personal de Seguridad, en el ejercicio de sus funciones y en el cumplimiento de sus obligaciones, tiene el carácter de Agente de la Autoridad a todos los efectos legales”.

Pero, antes de otras consideraciones jurídicas, conviene primero saber qué es un Agente de la Autoridad y qué consecuencias legales tiene una atribución de éste tipo a una determinada profesión, para saber si existe algún inconveniente legal que impida o dificulte su reconocimiento respecto al personal de seguridad.

Para definir qué es un Agente de la Autoridad quizá haya que empezar por definir el concepto del que es consecuencia, esto es, del de Autoridad. Curiosamente, como ha reiterado la doctrina del Tribunal Supremo (por todas la STS de 9 de mayo de 1978), para saber quién es una Autoridad tenemos que recurrir al art. 24 del Código Penal y digo curiosamente porque para definir este concepto lo lógico sería recurrir al Derecho Administrativo, y no a la ley penal – es sabido que la razón de ser de ésta no es otra que la de definir quién tiene esa consideración a efectos de subsumir las conductas delictivas en los tipos penales en los que el sujeto activo sea precisamente una Autoridad- . Pero lo cierto es que en este ámbito del Ordenamiento Jurídico no existe una definición de qué se entiende por Autoridad, a efectos legales.

El art. 24. 1º del Código Penal contiene los dos términos que nos permiten concluir si estamos en presencia, o no, de una Autoridad, – con independencia, como es lógico, del propio título o nombramiento para el cargo- que, en todo caso, deben que ser interpretados para que la definición de Autoridad tenga pleno contenido. En concreto, cuando la norma afirma que se reputará autoridad al que por sí solo o como miembro de alguna corporación o tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia, es indudable que debemos analizar qué significa “tener mando” o “ejercer jurisdicción propia”, pues con ello podremos avanzar hacia el contenido del concepto Autoridad.

Nuestro Diccionario RAE contiene las siguientes definiciones: Autoridad: poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho; Mando, en una de sus acepciones, significa: autoridad y poder que tiene el superior sobre sus súbditos; y jurisdicción: autoridad, poder o dominio sobre otro. El Tribunal Supremo, en una vieja sentencia de 1963, definía el concepto de mando diciendo que: “La función de autoridad implica una voluntad de mando o imperio, que se concreta en el ejercicio “erga subditus” de un derecho de supremacía, esto es, de un derecho que constituye una manifestación de un poder jurídicamente superior al de los ciudadanos. Y es por esta razón, por la que los ciudadanos vienen obligados a la Autoridad cuando ésta se halla en el ejercicio de su cargo”.

Por su parte, el ejercicio de la autoridad, poder o dominio que implica tener jurisdicción, supone tener atribuida competencia para declarar y hacer cumplir o ejecutar lo declarado, como por ej. tienen constitucionalmente reconocidos los Jueces y Tribunales de Justicia. Esta competencia tiene que estar atribuida específicamente a la persona que decide y no cabe por delegación.

Por tanto, el acto de autoridad implica dos momentos o fases: la toma de la decisión y la ejecución o cumplimiento de la misma. Si la fase decisoria corresponde, por derecho propio, a la Autoridad, la de ejecución puede corresponder a otras personas, aquellas que, actuando en representación de la Autoridad o por delegación, lo hacen como Agentes de la misma.

En consecuencia, una aproximación a la definición de Agente de la Autoridad – el mencionado Diccionario considera que es aquella persona que obra con poder de otra- podría ser entender aquél como una figura intermedia entre la Autoridad y los funcionarios públicos. Los Agentes de la Autoridad, se encargarían de hacer cumplir las órdenes y disposiciones que emanan de la Autoridad – Actuarían siempre por delegación o en nombre de la Autoridad.

Sin embargo, legalmente, no hay una definición de qué se entiende por Agente de la Autoridad, ni siquiera en el ámbito penal ( el Código Penal de 1928, sí incluía en el párrafo 3º del art. 213 un texto del siguiente tenor: Se consideran Agentes de la Autoridad no sólo los funcionarios que con tal carácter dependan del Estado, de la Provincia o del Municipio, sino los de otras entidades que realicen o coadyuven a los fines de aquellos y los que tengan a su cargo alguna misión general o determinada y en disposición reglamentaria o nombramiento expedido por Autoridad competente o delegado de ésta, se expresa el carácter de tal agente”).

Ante la falta de definición legal, ha sido el Tribunal Supremo, una vez más, quién ha venido a establecer qué se entiende por Agente de la Autoridad (STS de 27.05.1978 y 28.01.1982) diciendo que son Agentes de la Autoridad quienes por razón de su cargo están obligados a auxiliar a la Autoridad en el ejercicio de sus funciones y ejecutar y llevar a efecto sus providencias, acuerdos, órdenes y mandatos.

La atribución del carácter de Agente de la Autoridad tiene un doble origen: O se obtiene por disposición legal – mediante ley formal, es decir, Ley orgánica, ordinaria, Decreto-Ley u otra con dicho rango legal- que atribuya dicha condición a determinado colectivo o profesión, como es el caso, entre otros, de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS), cuya Ley Orgánica 2/86, en su artículo 7.1, les atribuye a sus miembros dicho carácter. O bien, tiene su origen en un nombramiento específico o nominal realizado por la Autoridad competente. En este caso, la atribución se realiza a título individual, sobre una persona concreta, y no a un colectivo determinado como cuando procede de una norma con valor de Ley.

Por tanto, en el caso que nos ocupa, para atribuir la condición de Agente de la Autoridad al colectivo profesional de seguridad privada sería necesario que la Ley, en este caso, la Ley de Seguridad Privada, simplemente, lo establezca dentro del estatuto jurídico- profesional de las diferentes categorías profesionales, como se recogen en su art. 1-3º, los principios básicos de actuación como normas deontológicas similares a las que tienen los miembros de las FCS.

Pero ¿qué ocurre con la actual normativa que regula el sector, la Ley 23/92? Pues sencillamente que esta Ley, por razones que no explica en su Exposición de Motivos, no recoge en su texto que el personal de seguridad tenga esa condición, considerando que las diferentes las categorías que lo integran tienen la de “auxiliares de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

Sin embargo, si analizamos la legislación vigente, en concreto el art. 4.2ºde la Ley Orgánica 2/86, de FCS y el art. 1.4º de la Ley 23/92, de Seguridad Privada, vemos que el personal de seguridad tienen la obligación específica de auxiliar y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; y en desarrollo de la Ley de Seguridad Privada, su Reglamento les impone la de seguir sus instrucciones en el lugar de servicio, de prevenir la comisión de delitos o infracciones durante el servicio, de detener a los presuntos responsables de infracciones penales para su entrega a la Policía, junto con los efectos e instrumentos del delito, etc.

Es decir, como afirmaba el conocido Informe núm. 3/93 de la Fiscalía General del Estado, de 20 de octubre de 1993, los Vigilantes de Seguridad con su actuación profesional,- con el obligado cumplimiento de sus deberes profesionales, añadiría – (su incumplimiento está tipificado como infracción muy grave en la Ley 23/92, con la correlativa sanción que puede llegar a la pérdida de la habilitación), no están cumpliendo unas funciones estrictamente privadas ( garantizar la seguridad de las personas y bienes en unas concretas instalaciones propiedad del cliente que ha contrato el servicio con la empresa de seguridad) sino una labor de dimensión pública, cumpliendo un mandato legal, de colaboración y auxilio a las FCS y por ello, recogía el citado Informe, deben tener una protección penal similar a la de los Funcionarios públicos pertenecientes a las FCS.

Porque, de eso es de lo se trata, al personal de seguridad se les están imponiendo unas obligaciones profesionales similares a las que tiene un agente de la Policía, aunque en su caso circunscritas al lugar y tiempo de servicio, pero, sin embargo, no tiene la misma protección jurídico penal -las personas que les desobedecen o resisten no cometen un delito o falta de resistencia o desobediencia, y quienes les agreden, simplemente pueden ser acusados de un delito o falta de lesiones, pero no de Atentado a Agente de la Autoridad, entre otras figuras penales que protegen la actuación de la Autoridad y sus Agentes-.

Y es evidente que la suya, como la de las FCS, constituye una profesión de riesgo – incluso con riesgo de la vida como, lamentablemente, hemos podido comprobar recientemente- y que, en el ejercicio de su actividad, se le exige una permanente colaboración y auxilio a las FCS. Es decir, que están realizando una actividad de interés para la seguridad pública, de relevancia para los ciudadanos y para la comunidad.

Por tanto, la conclusión, ya anticipada, es que es necesario y conveniente reconocer -cuanto antes, por Ley, con carácter general y en todo el territorio español por ser su habilitación válida para ejercer la profesión en toda España-, a todos los profesionales de seguridad privada el carácter de Agentes de la Autoridad cuando se hallen en el ejercicio de sus funciones, no simplemente limitándolo a determinadas actuaciones o servicios, sino siempre que se hallen en el cumplimiento de sus obligaciones profesionales o, lo que es lo mismo, siempre que se hallen en acto de servicio, ya que, en todo momento, se les está imponiendo que actúen que realicen funciones o intervenciones profesionales, en el lugar de servicio, para cumplir con su deber de colaboración con las FCS, aunque estas no estén presentes – en este caso la protección, como vimos, ya existe por la vía del vigente Código Penal-.

El reconocimiento del carácter de Agente de la Autoridad no constituye ningún privilegio, sino la contrapartida legal necesaria para proteger, desde el punto de vista jurídico- penal, una profesión que es de interés público proteger porque está implicada en garantizar la seguridad de los ciudadanos. Además, ello contribuirá, sin duda, a que la comunidad perciba con más valor el servicio desempeñado por estos profesionales (por los ciudadanos, en general, y por las Autoridades y funcionarios públicos, en particular, especialmente, las que forman parte de los Juzgados y Tribunales), y supondrá un reconocimiento público de la importancia que tiene su dedicación profesional en el campo de la seguridad.

Y, por último, permitirá, desde luego, exigir a estos profesionales una mayor responsabilidad, profesionalidad y formación, en sus relaciones con los ciudadanos y con las instituciones públicas en general, y no sólo respecto a las empresas de seguridad en las que están encuadrados

FUENTEN ews ADSI Flash nº 325 – 12 de febrero de 2012

Debe tener el Personal de Seguridad el carácter de Agente de la Autoridad?

Eligio Landín López

Facultativo del CNP, Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas

http://segurpricat.org/2015/02/28/eligio-landin-lopez-facultativo-del-cnp-licenciado-en-derecho-y-ciencias-politicas/

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La otra amenaza de los escoltas

Las empresas de seguridad engendraron en tiempos de máxima amenaza de ETA un ejército de escoltas que desembarcó, principalmente,  en Euskadi y Navarra. Su misión, proteger día y noche a los amenazados, era prioritaria e imprescindible. Ahora, tras más de tres años del cese definitivo de la violencia de la organización terrorista, los servicios de estos guardaespaldas ya no son necesarios. Y, como consecuencia del fin de la violencia, el sector está sobredimensionado con 37.215 personas en España con licencia para desempeñar tareas de vigilancia. La recolocación de estos trabajadores en paro en los perímetros de vigilancia de las prisiones anunciada por el Gobierno de Mariano Rajoy es lenta y según los afectados, y en esto coinciden diversos movimientos y asociaciones consultadas, prácticamente inexistente.

La gran mayoría de los escoltas que protegieron la vida de cargos públicos, periodistas, jueces, empresarios, etc., engrosa la lista de parados de larga duración. Muchos están a punto de perder sus prestaciones y son usuarios habituales de los servicios de Cáritas. Ahora son ellos los que se sienten desprotegidos. Lo peor, no saben con qué armas combatir esta situación. Sus credenciales habituales, un intenso adiestramiento en desactivación de explosivos, en defensa personal o conducción evasiva, ahora ya no sirven.

En los años más duros de la violencia llegaron a ser 3.800 los que operaban en Euskadi y Navarra. Desde que ETA anunció el fin de la violencia, se ha ido retirando la protección de forma progresiva a los amenazados. Todos han emprendido una nueva vida. Los protegidos continúan sus carreras políticas y profesionales, esas que no se vieron forzadas a dejar gracias al apoyo, entre otros, de escoltas y estos por su parte, deben emprender una nueva etapa profesional ahora que ya no custodian Euskadi y Navarra. En ese camino son ellos los que ahora se encuentran desamparados y desorientados.

“He tirado muchos años por la borda”

Rondan una edad difícil, entre los 40 y 50 años, y sus trayectorias suscitan rechazo, según sus relatos,  una reacción que se torna incluso, en ocasiones, en desprecio. “No voy a esconder que he trabajado de escolta, he dedicado mi vida a ello, aunque ocultarlo sería lo conveniente para darme alguna oportunidad en puestos ajenos a esta profesión. De carretillero, de camionero de materias peligrosas, de chófer… Me he ofrecido para cualquier actividad, pero ha sido inútil. Todos torcían el morro cuando conocían mi historial. Por eso volví a mi tierra. Y ahora, aquí, lo que doy, es pena”.

Escolta en servicio en una acto público en la calle.
Este escolta de 49 años y que prefiere no desvelar su identidad, rehace su vida en Cádiz después de proteger a parlamentarios socialistas y populares durante casi una década y sin contar con las bendiciones de su familia. “No compartían mi decisión, pero yo en aquel momento sentí que era la adecuada. Sentí que aquí se me necesitaba. Ahora me arrepiento. Me siento utilizado y engañado. He tirado por la borda muchos años. Otros compañeros que rechazaron venir a Euskadi de escolta y apostaron por hacer carrera como instructores, ahora conservan su puesto y tienen el futuro garantizado. Yo no sé qué voy a hacer cuando se me acabe la prestación”, confiesa este hombre que cobra 420 euros para hacer frente a una hipoteca de 500 y con cuatro hijos. Él, como el resto del colectivo, reclama que el Gobierno, como prometió, les recoloque en las cárceles, pero esta promesa no acaba de cumplirse.

“Nosotros sí hemos cumplido. Los políticos, no”

Bajo esa reivindicación común se constituyó un colectivo que se hace llamar Las sombras olvidadas de Euskadi. Son 160 afiliados a este asociación. Su vicepresidente, Mario Zas, asegura que no pararán hasta que el Gobierno cumpla lo pactado. No descartan iniciar movilizaciones para dejarse oír. “Los que sí hemos cumplido somos los escoltas. Nuestro pacto de confidencialidad sigue intacto. Todos conocemos mucho sobre la vida de nuestros protegidos pero nuestros labios están y estarán sellados para siempre porque somos hombres de palabra. No se puede decir lo mismo de los políticos. No han hecho nada por nosotros. Sí han movido ficha por las empresas de seguridad en compensación por los contratos perdidos con la protección de los amenazados. Pero no por nosotros. Nos han abandonado a nuestra suerte”, lamenta Zas. El Gobierno ha adjudicado a varias empresas contratos para extender la vigilancia privada al perímetro exterior de las cárceles, pero las empresas no han reclutado a los escoltas para cubrir esos puestos. “No les han obligado a hacerlo y tiene fórmulas a su alcance. Podían haber incluido cláusulas en los pliegos de condiciones”, sugiere el vicepresidente del colectivo.

Demasiada formación

Otro escolta que responde al nombre de Juan Luis manifiesta abiertamente que malviven. “En mi entorno conozco casos de compañeros que están a meses de que le expropien por no poder hacer frente a los gastos de la vivienda y de la manutención de los hijos”. Juan Luis alterna un trabajo de 12 horas al mes en un estadio de fútbol, junto a otro de otras tantas como vigilante en una discoteca. “De vez en cuando, como tengo el título de instructor, me sale alguna clase. Pero poco más”, reconoce resignado. Este profesional no entiende como estando España en un nivel de alerta por amenazas yihadistas se reduce la plantilla destinada a la seguridad en ciertos servicios públicos o en los transportes. “El Gobierno debería reactivar esta actividad. Los escoltas estamos sobradamente preparados para abordar este cometido porque la gran mayoría tenemos una formación específica”.

Es precisamente esa cualificación la que a veces les perjudica. “Los mandos intermedios de las empresas de seguridad están menos preparados que nosotros y son reacios a contratar personal que les supera en formación. Por otra parte nos rechazan porque estamos demasiado preparados para estar 24 horas quietos en una garita de seguridad de las cárceles”, dicen desde Sombras Olvidadas de Euskadi. Denuncian que las condiciones de esos servicios son en muchos casos “lamentables e incluso infrahumanas”. Hablan de turnos de guardia sin relevo para poder ir al baño y otras irregularidades. No obstante, nadie les ha dado opción a negociarlas porque insisten que nadie les ha ofrecido esos puestos.

Según los datos ofrecidos por el propio Ministerio de Interior el pasado mes de enero en respuesta a una pregunta del PSOE, 81 escoltas han sido compensados con esta salida, una cifra insignificante cuando han llegado a ser 3.800. El Gobierno utiliza ese escrito para matizar que ese “compromiso específico” del que hablan los escoltas no fue tal, sino que era “una declaración de intenciones”.

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/segunda-mala-vida-escoltas_0_360115088.html

Vigtorre VS

Defensor pide información a Complutense sobre posible discriminación por velo

El Defensor del Pueblo ha pedido información a la Universidad Complutense de Madrid por un posible caso de discriminación a una alumna de la Facultad de Farmacia que no hizo unas prácticas al exigirle la retirada del velo, según consta en el Informe anual de 2014 de esta institución.

Como señala el Defensor del Pueblo en este documento, una estudiante de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid solicitó su intervención ante unos hechos ocurridos en un establecimiento farmacéutico asignado para la realización de las prácticas académicas tuteladas que la joven calificó de “discriminatorios”.

El organismo encabezado por Soledad Becerril expone que la alumna “no pudo desempeñar estas prácticas al exigírsele la remoción del velo que portaba de conformidad con sus creencias religiosas” y la alternativa que le propusieron fue “la realización de las prácticas en el almacén del establecimiento o en cualquier otro lugar no visible al público”.

El Defensor se ha dirigido a la Universidad Complutense de Madrid para “conocer las actuaciones realizadas para velar y garantizar el efectivo ejercicio del derecho a manifestar las creencias religiosas de las estudiantes universitarias de Farmacia”.

Por otro lado, ha dado traslado de los hechos expuestos al Observatorio del Pluralismo Religioso en España y al Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación de Personas por el Origen Racial o Étnico, con el fin de que, en el ejercicio de sus competencias, informen sobre las medidas llevadas a cabo para combatir la discriminación religiosa.

En su informe de 2014, el Defensor del Pueblo también señala que ha recibido información sobre “posibles hechos discriminatorios por motivos religiosos y étnicos” relacionados con una mujer musulmana que manifestó que fue obligada a quitarse el velo durante un cacheo en los controles policiales de los aeropuertos de San Sebastián y Adolfo Suárez de Madrid-Barajas.

La ciudadana indicó que fue objeto de registro en ambos aeropuertos “sin que hubieran saltado los detectores de metales a su paso por los controles policiales”.

La Dirección General de la Policía comunicó que el control de seguridad en los arcos detectores de metales se realizan por vigilantes de seguridad contratados por AENA.

El Defensor del Pueblo concluye que, con los datos aportados, no ha sido posible determinar la autoría de los hechos.

http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20150228/54427737669/defensor-pide-informacion-a-complutense-sobre-posible-discriminacion-por-velo.html

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Una juez prohíbe a dos mujeres acercarse al vigilante de un «súper» que les acusó de robar

La juez en funciones de guardia decretó ayer para dos mujeres –madre e hija– una orden de alejamiento respecto al vigilante de seguridad de un supermercado del barrio alicantino de Juan XXIII después de que ambas agredieran supuestamente al guarda tras advertir éste a un empleado de que habían cogido un maquillaje, según indicaron ayer fuentes judiciales a este diario.

Las mujeres fueron detenidas y puestas ayer a disposición de la juez de guardia, quien además de imputarles un intento de hurto les prohibió acercarse al vigilante a menos de cien metros durante un tiempo de seis meses para evitar posibles altercados, según explicaron fuentes judiciales. Tras declarar ante la magistrada, ambas quedaron en libertad con cargos.

El supermercado se encuentra situado junto a la vivienda de las mujeres, por lo que no podrán, en ese tiempo, hacer la compra en el establecimiento y en teoría no pasar por delante del mismo.

Los hechos ocurrieron durante la jornada del miércoles, cuando el vigilante de seguridad se percató de que las mujeres estaban merodeando por la zona de pinturas y maquillajes del local. Según las citadas fuentes judiciales, el guarda alertó a un empleado de que habían sustraído un maquillaje. El trabajador les llamó la atención y devolvieron las pinturas –al parecer una caja de maquillaje–, pero a la salida se enfrentaron al vigilante por «chivato» y se desarrolló una trifulca que terminó con el arresto de ambas por parte de la Policía Nacional.

El fiscal que atendió el caso entendió que la situación podría generar tensiones futuras entre el vigilante y las mujeres y solicitó a la juez seis meses de alejamiento, una medida de carácter provisional que fue acordada por la magistrada antes de que las dejara en libertad.

Los hurtos en las cadenas de supermercados han llevado a muchas empresas a optar por un vigilante personado en el local durante el tiempo de apertura al público, algo que resulta de lo más efectivo para las empresas debido a los trucos y picaresca desarrollada en torno a las alarmas y arcos de seguridad.

Por otro lado, dos arrestados por el robo de varios artículos en una tienda del centro comercial Plaza Mar de Alicante pasaron también ayer a disposición del juzgado de guardia de Alicante, si bien la juez les dejó en libertad aunque imputados por un delito de robo, ya que la tasación efectuada por los productos según el establecimiento superaba los 400 euros. Así lo indicaron ayer a este diario fuentes judiciales, que no precisaron de qué tipo de productos se trataba.

http://www.diarioinformacion.com/sucesos/2015/02/27/juez-prohibe-mujeres-acercarse-vigilante/1603846.html

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Interceptan a uno de los dos ladrones de coches que se colaron en Zona Franca

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 28 años e iniciales D.V.CH. que fue interceptado la pasada madrugada cuando intentaba sacar del recinto de la Zona Franca de Vigo un vehículo que pretendía sustraer, lo que consiguió otro individuo poco después.
D.V.CH. fue interceptado por la Guardia Civil en colaboración con los vigilantes de seguridad de la Zona Franca cuando intentaba salir del recinto circulando a gran velocidad a los mandos de un Citröen Gran Picasso, informaron fuentes del instituto armado.
Poco después, cuando el guardia de seguridad procedía a abrir los pilotes y levantar la barrera para facilitar la salida a un empleado que finalizaba su turno de noche, se percató que detrás del mismo había un Peugeot 301 sin placas de matrícula.
Al percatarse de ello, el vigilante intentó interceptarle la salida bajando la barrera, pero aquel se la llevó por delante con el vehículo. Mientras, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción 7 de Vigo, que ordenó su puesta en libertad con cargos.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2015/02/25/interceptan-dos-ladrones-coches-colaron-zona-franca/00031424884501321863555.htm

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Expulsan de España a dos líderes de bandas latinas

Así lo ha anunciado esta mañana la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, como una de las medidas aplicadas,  tal y como contempla la Ley de Extranjería, para 34 de los principales cabecillas de las bandas latinas que operan en Madrid.

   Cifuentes ha señalado que la Delegación está desarrollando cuatro líneas de trabajo de forma paralela y simultánea: presión policial, aplicación estricta de la Ley de Extranjería, reforzamiento de los controles en fronteras e incremento de las actuaciones preventivas de carácter educativo.

   “Fruto de esta actividad, estamos consiguiendo que las bandas latinas no se implanten en Madrid y no se conviertan en un problema para la seguridad ciudadana, al margen de sucesos puntuales que puedan producirse”, ha señalado la delegada.

   Desde el punto de vista policial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han efectuado en la Comunidad de Madrid desde 2012 hasta ahora un total de 1.048 detenciones de miembros de bandas latinas, que en buena parte de los casos han recaído en integrantes que reinciden.

   Precisamente por ello, el pasado mes de junio Cifuentes asumió el compromiso de impulsar los trámites de revocación de la nacionalidad o de la residencia, así como las órdenes de expulsión del territorio nacional, de los miembros de estas organizaciones criminales, en aplicación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, conocida como Ley de Extranjería.

   “Todo ello desde la consideración de que la comunidad latina se encuentra en su conjunto plenamente integrada en Madrid, y contribuye con su trabajo y su esfuerzo al desarrollo socioeconómico regional. Cuando hablamos de bandas latinas nos referimos a la excepción que confirma esta regla”, ha dicho la representante del Gobierno central en Madrid.

   Según ha explicado Cifuentes, las bandas latinas en Madrid están formadas por un grupo muy reducido de integrantes – que la Policía cuantifica en torno a los 350-, “configurando un colectivo con una elevada reincidencia delictiva, que hace necesario adoptar no sólo medidas policiales, sino también decisiones relativas a la aplicación de la normativa sobre Extranjería”.

OPCIONES DE LA LEGISLACIÓN DE EXTRANJERÍA

   De acuerdo con esta legislación, la pertenencia a grupos o bandas organizadas y violentas y la comisión de actos ilícitos puede permitir, según los casos, que se revoque la nacionalidad española adquirida o que se revoque el permiso de residencia y se decrete la expulsión del territorio nacional, cuando existan razones fundadas de seguridad pública.

   En base a este marco jurídico, y de acuerdo con las posibilidades que plantea la ley, la Delegación del Gobierno y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han analizado con detenimiento la situación administrativa de los principales  integrantes de las bandas latinas, teniendo en cuenta su reincidencia y peligrosidad, y han puesto en el punto de mira de la aplicación de la legislación de extranjería a 34 de ellos, que la Policía considera como los principales cabecillas de las bandas.

   De esos 34, 12 son miembros probados de los Ñetas, 8 de los Trinitarios, 7 de los DDP, 5 de los Latin King y 2 de las Maras. Según los casos, se ha instado la revocación de la nacionalidad, la no renovación de los permisos de trabajo o la expulsión del territorio nacional.

   Cifuentes ha anunciado también que esta primera lista está siendo ampliada ya con otros 94 miembros de bandas latinas, a quienes la Policía y los servicios de Extranjería están investigado de cara a la adopción de medidas similares. En total, pues, 128 personas.

MÁS CONTROLES

   Al tiempo que se aplica la ley para evitar que permanezcan en España y en Madrid quienes pertenecen a bandas latinas y llevan a cabo actividades criminales se están reforzando a nivel nacional las medidas relativas al control de acceso en el territorio español, para evitar su retorno.

   En este sentido, ha indicado que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha incrementado los controles en zonas sensibles de toda España, entre ellas el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas.

   El aumento de estos controles con carácter general ha supuesto globalmente que en 2014 aumentara un 20 por ciento respecto a 2013 el número de denegaciones de entrada en los distintos puntos fronterizos de nuestro país, en muchos casos por cuestiones relacionadas con la aplicación de la Ley de Extranjería.

PREVENCIÓN EDUCATIVA

   Finalmente, el cuarto eje de actuación viene a dar respuesta a un fenómeno creciente, como es la participación de menores en las bandas latinas. De hecho, el 35 por ciento de los detenidos en los tres últimos años, son menores, y en 2014 se incrementó  un 30 por ciento el número de menores detenidos.

   Ante este fenómeno, se han incrementado las charlas preventivas a cargo de Policía Nacional y Guardia Civil, para alertar de los peligros de las bandas juveniles, en el marco de las actuaciones que se llevan a caboa cabo dentro del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar.

   Fruto de este incremento, en 2014 se impartieron 367 charlas con el fin de mentalizar a los menores sobre el riego que supone incorporarse a estos grupos criminales.
http://madridpress.com/not/185099/-detenidos-dieciseis-miembros-de-bandas-latinas/

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Ilunion prestará el servicio de seguridad en los museos y conjuntos culturales de Andalucía Valoración Tu valoración 1 2 3 4 5  Imprimir NOTICIA Ilunion prestará el servicio de seguridad en los museos y conjuntos culturales de Andalucía

Ilunion, grupo empresarial de la ONCE y su fundación, gestionará la seguridad de los 27 espacios culturales dependientes de la Conserjería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.Con la ayuda de la Central Receptora de Alarmas (CRA), el área de seguridad se encargará de los sistemas de seguridad y contra incendios de las instalaciones, así como del servicio de respuesta rápida y asesoramiento de seguridad. Para ello, contarán con un sistema denominado Security View, que dispone de una red de cámaras conectadas a la central y un equipo de vigilancia propia

http://www.seguritecnia.es/actualidad/al-dia/ilunion-prestara-el-servicio-de-seguridad-en-los-museos-y-conjuntos-culturales-de-andalucia

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Tres mujeres de un mismo clan detenidas en Valladolid por sustraer al descuido prendas por valor de 467 euros

Agentes de la Policía Nacional de Valladolid detuvieron a tres mujeres, pertenecientes a un mismo clan familiar, que de manera organizada sustraían al descuido y escondiendo entre sus cuerpos y pertenencias diversas prendas de vestir a las que previamente neutralizaban el sistema de alarma. El botín acumulado en el momento de la detención ascendía a 467 euros.

En el operativo, que culminó el pasado día 20 de febrero, participaron activamente los vigilantes de seguridad del centro comercial, que cumplimentando el plan ‘Alerta Temprana’, diseñado por la policía con los responsables de la seguridad privada, comunicaron de inmediato la presencia de las sospechosas, según informan fuentes policiales.

De las tres arrestadas, una era menor y por ello fue entregada a su familia, mientras que dos cuentan con antecedentes por delitos contra la propiedad y son reincidentes en este tipo de actuaciones, por lo que pasaron a disposición judicial.

http://www.20minutos.es/noticia/2386528/0/tres-mujeres-mismo-clan-detenidas-valladolid-por-sustraer-al-descuido-prendas-por-valor-467-euros/

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Agresión a 4 agentes de Seguridad en Metro Bilbao

Según recoge la página web de CISPE, los hechos sucedieron cuando, junto con el personal de supervisión de estación, los cuatro agentes se dirigieron a una usuaria para solicitar su identificación porque se encontraba comiendo en el andén. Fue advertida, dicen, hasta en cuatro ocasiones. Denuncian que la mujer empujó a la supervisora de la estación, y que su pareja comenzó a partir de ahí la agresión. Se sumaron varias personas, en torno a una decena de jóvenes, que propinaron golpes a los vigilantes. Ocurrió en la parada de Santurtzi, a eso de las 00:30 horas del domingo. Según confirman a Radio Bilbao fuentes de la Ertzaintza, uno de los agentes ha presentado denuncia ya en comisaría.

CISPE solicita al resto de secciones sindicales la convocatoria de una concentración de protesta porque añaden que en 2014 se contabilizaron una veintena de agresiones hacia el personal de seguridad del suburbano y casi una decena hacia el personal propio de Metro Bilbao. En lo que va de 2015, son ya 11 en total. Considera que en muchos casos estas agresiones se deben a la falta de personal.

http://cadenaser.com/emisora/2015/02/24/radio_bilbao/1424759025_239843.html

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Heridos 4 vigilantes del metro al agredirles 7 jóvenes en Santurtzi

Cuatro vigilantes de seguridad del metro resultaron heridos durante la madrugada del pasado domingo al ser agredidos en la estación de Santurtzi por un grupo de siete jóvenes que celebraba los carnavales. El incidente se produjo sobre las doce y media de la noche. Una supervisora del suburbano advirtió hasta cuatro veces a una pareja de que no se podía comer en el andén. Los jóvenes a los que llamaron la atención se empezaron a poner agresivos y la mujer llegó a empujar a la empleada del metro.

Para entonces, los vigilantes de seguridad de la empresa Prosegur habían sido alertados de lo que ocurría. Además de los dos destinados a la estación de Santurtzi, se encontraban un tercero, responsable de equipo de la zona entre Cruces y Cabieces, y una cuarta compañera de las que suelen viajar en los trenes. En ese momento, una cuadrilla de jóvenes que se encontraba en el andén de la estación «se unió a la gresca» y «empezó a dar mamporrazos» a los cuatro vigilantes, según indican desde la sección sindical de Cispe en Prosegur. Patadas y puñetazos por parte de los siete «sinvergüenzas» que terminaron con los empleados de seguridad lesionados. Los cuatro fueron a la mutua y permanecen de baja, según la misma fuente. La vigilante sufrió la fractura de un dedo de una mano.

Desde Cispe no dan crédito a que el número de efectivos fuera sólo de dos «en una fecha tan señalada, en la que pueden pasar por la estación de Santurtzi hasta 6.000 personas». «La responsabilidad está claramente compartida tanto por Metro Bilbao por no solicitar más efectivos y por la propia Prosegur, por no instar a su cliente a tener un mínimo de efectivos».

Metro Bilbao considera que dos vigilantes es un número «suficiente» y advierte de que en carnavales, tanto de Bilbao, como Algorta, Sestao y Santurtzi, se intensifica siempre el servicio de metro y también la vigilancia. Además, aseguran que tras el altercado se presentaron en el lugar otros cinco empleados de seguridad, por lo que el número total era de cinco. Recuerdan desde el suburbano que no hubo ningún otro incidente y que tampoco el año pasado se registraron problemas.

Antecedentes
Según los datos de Cispe, en 2014 acontecieron una veintena de agresiones hacia el personal de seguridad del suburbano y casi una decena hacia empleados propios de Metro Bilbao. En lo que va de 2015, se contabilizan ocho agresiones contra vigilantes y tres contra integrantes de la plantilla del suburbano. Cispe cree que muchas de estas agresiones «se deben en parte a la falta de personal, no sólo en horario nocturno, sino en el diurno, en el que los vigilantes de seguridad patrullan solos por estaciones y trenes».

http://www.elcorreo.com/bizkaia/201502/24/heridos-vigilantes-metro-agredirles-20150223234557.html

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